En memoria de las madres mexicanas

El alto número de personas desaparecidas en México ha llegado a niveles críticos. Desde 1964, se tienen registradas como desaparecidas a más de 110 000 personas, cifra que se disparó después de que el entonces presidente, Felipe Calderón, declarara la guerra contra el narcotráfico en 2006, y que ha seguido aumentando durante los gobiernos posteriores.

Se cree que grupos criminales, que actúan por su cuenta o en colusión con actores estatales, son responsables de muchos de estos casos. La opacidad en las investigaciones así como la falta de un mecanismo efectivo y transparente que incluya a las familias, promueva la rendición de cuentas e incremente la inversión en educación forense y tecnología para identificar desaparecidos contribuyen a un ciclo interminable de impunidad.

Pero las condiciones adversas no terminan ahí.

Casos emblemáticos como el de Sandra Luz Hernández, asesinada en 2014 en Culiacán tras un supuesto encuentro con un informante que le daría datos del paradero de su hijo desaparecido, o Marisela Escobedo, quien se convirtió en activista tras el asesinato de su hija en Chihuahua y fue asesinada en 2010 frente al palacio de Gobierno, muestran cómo las desapariciones generan otros tipos de violencia que amenazan la vida y el bienestar de familiares y personas cercanas a los desaparecidos, que solo buscan justicia.

Frustradas por los obstáculos que sistemáticamente tienen que sortear y con muy pocos recursos, muchas veces suministrados por ellas mismas, realizan labores de búsqueda en lugares desolados, de difícil acceso y, en algunos casos, sin acompañamiento de las autoridades. Su trabajo las lleva a zonas tomadas por el crimen organizado, lo que las vuelve una amenaza para los grupos criminales y las redes de corrupción involucradas, perpetuando el ciclo de violencia.

Entre octubre del 2020 y mayo del 2023, al menos ocho mujeres fueron asesinadas mientras buscaban a sus familiares desaparecidos en México. Sus historias destacan los peligros de abogar por los desaparecidos y enfrentarse al crimen organizado, la violencia criminal que persiste tras una desaparición y la incapacidad de las autoridades para facilitar la reparación de esta violación a los derechos humanos. Hoy, recordamos a estas mujeres y nos unimos a los llamados de justicia, exigiendo rendición de cuentas y acciones significativas para terminar con este ciclo de impunidad.

El 14 de octubre del 2020 parecía un día más para los habitantes de León, Guanajuato. Pero para María del Rosario Zavala sería el último. Fue asesinada a balazos al salir de su casa para seguir una pista sobre el posible paradero de su hijo desaparecido. Los presuntos autores dejaron un mensaje acusándola de «hablar demasiado» y huyeron del lugar. Zavala había denunciado en varias ocasiones la falta de imparcialidad y compromiso en la investigación del caso de su hijo. Su asesinato sigue sin resolverse y su familia ha preferido dejar de indagar por miedo a represalias. A pesar de solicitar protección estatal por las amenazas recibidas, otro de sus hijos fue asesinado dos años después.

Guaymas es una de las ciudades con más personas desaparecidas y fosas comunes en México. Aranza Ramos estaba muy familiarizada con esta situación. Desde hacía siete meses, desde que su esposo fuera desaparecido en diciembre del 2020, se encontraba participando activamente en grupos de búsqueda de personas desaparecidas. Pero una mañana de julio del 2021, hombres armados acabaron con sus esperanzas. Tras un forcejeo, se llevaron a Ramos dejando atrás a su hija de dos años. Minutos más tarde, su cuerpo fue encontrado sin vida. En febrero de 2022, uno de los presuntos asesinos fue detenido y condenado a 63 años de prisión.

Tras el asesinato de su hija, Ana Luisa Garduño Juárez se convirtió en activista por las víctimas de feminicidio y desaparición forzada, lo que la llevó a integrarse en grupos de búsqueda de personas desaparecidas y fundar una asociación con la finalidad de combatir la impunidad que impera en estos delitos. Una noche de enero del 2022, mientras se encontraba en su negocio ubicado en el municipio de Temixco, todo cambió. Recibió tres disparos y murió a causa de sus heridas. Hasta el momento, no hay personas detenidas, a pesar de que el gobernador aseguró que se agotarían todas las líneas de investigación, incluyendo su activismo y participación con grupos de personas desaparecidas.

En 2018, Brenda Jazmín Beltrán Jaime recibió la noticia de que su hermano había sido desaparecido. Fue en ese momento que se involucró en la búsqueda de personas desaparecidas. Pero en julio del 2022, fueron los colectivos de búsqueda de Sonora los que recibieron la terrible noticia: habían encontrado asesinada a su compañera y amiga. Inicialmente, las investigaciones no relacionaron su muerte con sus labores de búsqueda. Sin embargo, los colectivos de buscadoras de Sonora exigieron que se investigara a fondo, considerando su activismo y con perspectiva de género. Declararon que los asesinatos y atentados en contra de activistas se sufren constantemente en Sonora, donde Cajeme figuraba entre los municipios más violentos del país. Sin embargo, la solicitud fue rechazada y la pareja sentimental de Brenda fue sentenciado a una condena de 50 años por feminicidio.

Rosario Lilian Rodríguez Barraza llevaba tres años buscando a su hijo, secuestrado y desaparecido por hombres armados en octubre del 2019 en Sinaloa, estado con mayor número de desaparecidos en México. El día de su asesinato ha quedado grabado en la memoria de todos los que buscan a sus personas desaparecidas. El 30 de agosto del 2022, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, fue secuestrada al salir de una iglesia donde se llevaba a cabo un servicio en honor a su hijo. Unas horas más tarde, fue encontrada sin vida. Su caso sigue sin resolverse.

El 4 de octubre del 2022, al menos 10 disparos se escucharon en una unidad habitacional en Puebla, siete de los cuales dieron en el blanco: Blanca Esmeralda Gallardo, madre de una mujer desaparecida. Poco antes de su asesinato, Gallardo había encontrado posibles pruebas para aclarar el caso de su hija. De acuerdo con sus hallazgos, una red de trata de personas y de explotación sexual estaba presuntamente involucrada en la desaparición. Dos personas fueron detenidas por su asesinato.  

La noche del 6 de noviembre del 2022, en Abasolo, dos personas se encontraban sentadas en una motocicleta con el motor en marcha, aparentemente esperando a que ocurriera algo. Cuando se abrió la puerta de una casa y una mujer se asomó a la calle, dispararon. La motocicleta aceleró y se perdió entre las calles. María del Carmen Vázquez estaba muerta. Un día anterior había estado buscando a su hijo, como llevaba haciendo varios meses, junto con otras personas que buscaban a sus desaparecidos. Tras su asesinato, el mensaje de sus compañeras fue claro: «Vamos a buscar a su hijo como si fuera el nuestro y vamos a pedir justicia por su asesinato».

El 2 de mayo del 2023, Teresa Magueyal salió en su bicicleta como lo hacía todas las mañanas. Fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta que le dispararon y acabaron con su vida a unas cuadras de su casa. Magueyal, de 65 años, buscaba a su hijo desaparecido desde el 2020. Cada día salía de su casa para seguir las pistas que la llevaran a su paradero, muchas veces acompañada de sus compañeras de búsqueda. Todas vivían situaciones similares: amenazas, atentados y la falta de claridad en las investigaciones de sus casos. Una persona ha sido detenida en relación con el asesinato de Magueyal, pero el motivo sigue sin estar claro.