Amenazas, defensa y resiliencia
Un niño obligado a trabajar en una mina de coltán.
Un hombre, atrapado en un barco en el océano, forzado a pescar ilegalmente.
Troncos de palisandro protegido extraídos de un bosque en la parte trasera de un camión.
Estas manifestaciones de degradación y explotación medioambiental se atribuyen a la oscura garra del crimen organizado.
El crimen organizado contra el medioambiente viola los derechos humanos, daña la salud pública y amenaza los medios de subsistencia. Pone a todos en peligro.
Pero hay quienes han encontrado la forma de plantarle cara.
Periodistas, defensores, investigadores, activistas.
El Fondo Resiliencia ha reunido a una red de activistas medioambientales del Sur Global que han sido testigos del impacto de estos delitos en sus comunidades y en los pueblos indígenas y la fauna que las habitan.
Desde la inseguridad alimentaria y los desplazamientos forzados hasta la destrucción de culturas y la pérdida de lenguas y prácticas ancestrales, los Fellows del Fondo de Resiliencia están en la primera línea de la lucha contra el crimen medioambiental organizado.
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La minería ilegal en India central ha despojado a las comunidades indígenas de sus bosques ancestrales, alterando irreversiblemente sus prácticas rituales sagradas.
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En Karamoja, Uganda, estas prácticas mineras ilegales no solo han dañado a las comunidades tradicionales y su entorno vital, sino que también han envenenado el agua, privando a muchos de cualquier perspectiva de una vida sana.
«Si no se adopta un enfoque proactivo, en unos 5 a 10 años, toda la tierra de pastoreo nos habrá sido arrebatada».
En Colombia, los grupos armados, la violencia y los desplazamientos forzados han puesto en peligro los medios de sustento, las tradiciones y las costumbres de las comunidades indígenas.
A pesar del reconocimiento internacional del crimen medioambiental organizado y de los daños del cambio climático inducido por el ser humano, las autoridades apenas reconocen las consecuencias a las que se enfrentan las comunidades indígenas y otras personas que viven en las zonas afectadas.
En todo el mundo, se permite que se cometan delitos contra el medioambiente debido a la falta de respuestas eficaces por parte de los Estados, ya sea por insuficiente capacidad o voluntad política, o por corrupción y complicidad de los agentes estatales.
Frente a la violencia y las amenazas, las comunidades siguen respondiendo a los retos que plantean los delitos contra el medioambiente con sus propias estrategias, rituales, formas de resistencia y resiliencia.
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«[Nuestro entorno natural] es muy importante y nosotros, como comunidad, queremos protegerlo para que algún día nuestros hijos puedan verlo de la misma manera».
Los Fellows del Fondo Resiliencia luchan por el cambio desde el nivel comunitario. Luchan por los derechos y las vidas de quienes vemos y de quienes no y levantan la voz para denunciar las injusticias y proteger el medioambiente.
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Reconociendo que ningún cambio puede producirse de forma aislada, nuestro grupo de Fellows ambientalistas, a través del Fondo Resiliencia y su Plataforma Comunitaria, recomiendan:
Que los líderes mundiales y los gobiernos:
1. Apliquen los tratados internacionales sobre los derechos de las comunidades indígenas, cumplan sus obligaciones y compromisos de protección y cuidado del medioambiente, y apliquen sanciones cuando sea necesario.
2. Respeten sus compromisos y cumplan las promesas realizadas cada año en las cumbres climáticas.
3. Condenen incondicionalmente los ataques a los defensores de los derechos medioambientales, de la tierra y de los recursos naturales.
4. Exijan el fin inmediato de la violencia sistémica y atroz ejercida contra los defensores del medioambiente y de los derechos sobre la tierra.
5. Apliquen leyes significativas que protejan los derechos de las comunidades indígenas a la vida y a los medios de subsistencia; el derecho al consentimiento libre, previo e informado; y los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos el reconocimiento de los territorios ancestrales u originarios y el uso prioritario de los recursos de sus territorios.
6. Garanticen investigaciones libres, justas y exhaustivas de las denuncias de delitos contra el medioambiente.
Que las empresas multinacionales y los negocios transnacionales:
1. Se comprometan a apoyar, respetar y empoderar a las comunidades locales a través de sus políticas corporativas y de responsabilidad social, bajo una estricta orientación y comunicación constante con las comunidades afectadas por la explotación de sus recursos.
2. Hagan más asequibles los productos libres de crueldad, libres de conflicto y sostenibles, para que más personas en todo el mundo puedan dar un paso al frente y aportar su contribución.
Que la sociedad civil internacional:
1. Reconozca el impacto del crimen medioambiental organizado en las comunidades afectadas.
2. Desarrolle campañas de concienciación sobre los delitos medioambientales y sus consecuencias en las crisis climáticas que nos rodean.
3. Desarrolle campañas sostenibles a largo plazo para garantizar el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, la aplicación efectiva de los tratados internacionales sobre estos derechos, y leyes y medidas para garantizar la aplicación de las políticas de protección y conservación del medioambiente.
4. Garantice la participación y consulta de las organizaciones locales de la sociedad civil para mantener los vínculos con las comunidades afectadas y asegurar la rendición de cuentas y el impacto significativo de los esfuerzos combinados para acabar con el flagelo de los delitos medioambientales.
En 2022, el enfoque del Fellowship en Resiliencia se centró en los delitos contra el medioambiente. Nuestros Fellows utilizaron sus diversas perspectivas para colaborar en torno a este tema. También siguen concienciando sobre la importancia de contrarrestar estos crímenes.
Este contenido se basa en el trabajo colaborativo y la declaración conjunta de los Fellows del Fondo Resiliencia contra los delitos medioambientales, quienes siguen trabajando incansablemente para combatir estas amenazas que aún persisten en comunidades de todo el mundo.
Los Fellows del Fondo Resiliencia 2022 han trabajado en Gabón, la República Democrática del Congo, India, Colombia, Perú, Brasil, Camerún, Uganda, México, Ecuador y en países del Golfo Pérsico.
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